La Plataforma de Afectados por los Servicios de Ambulancias de Córdoba (PASAC) denuncia la pésima calidad del servicio prestado por la empresa SSGA y MP, una empresa privada, que ganó la licitación de la Junta de Andalucía el pasado 26 de marzo 2021.
Dicha plataforma se conformó el pasado 3 de diciembre, siendo elegidos como representantes: Juan Jesús Márquez Pacheco, presidente, Antonio Alcaide Jiménez, secretario y Julia Montes Aguilera, tesorera.
Su objetivo es visibilizar y denunciar un problema que afecta a toda la población de Córdoba.
Desde la plataforma quieren señalar que la empresa SSGA y MP que entro a prestar los servicios contratados, el pasado 17 de septiembre de 2022, los trabajadores y pacientes vienen sufriendo las consecuencias de un servicio privatizado que está prestando un servicio de pésima calidad y ponen de manifiesto alguna de las irregularidades que no están cumpliendo, por ejemplo:
No cumplen con el total de ambulancias necesarias para prestar los servicios, y las ambulancias que están prestando el servicio no tienen la dotación necesaria, ni siquiera la básica, que vienen en el pliego de condiciones de la licitación.
No ha cumplido con el 100% de la subrogación de todos los empleados, por lo cual los sí subrogados están trabajando bajo mucha presión, para cubrir el trabajo de los no subrogados. Los trabajadores si subrogados además de estar padeciendo esta sobrecarga de trabajo. Este mes de noviembre su nómina se ha visto reducida, no percibiendo el total de su salario.
Toda esta situación además de afectar a los trabajadores directamente también afecta a los pacientes que requieren el servicio de ambulancias, para acudir a sus centros sanitarios ya sea para asistir a consultas programadas o por una urgencia. “Dichos pacientes ya han presentado muchas quejas, cansados de tener que esperar horas para recibir el servicio”, señalan desde la plataforma.
Advierten que no dejaran de movilizarse hasta que dicha empresa empiece a cumplir con todos los servicios descritos en el pliego de condiciones y si no fuese de esta manera que el gobierno de la Junta de Andalucía tome las medidas necesarias para hacerlos cumplir, y si no lo hace que le rescinda el contrato a esta empresa privada que está jugando con la vida de pacientes y trabajadores.
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